Aquella tarde de 2017 el Colegio Enrique Rébsamen terminó colapsando, hubo 26 víctimas mortales entre alumnos alumnos y profesores; el motivo: una ampliación mal planeada, un sin fin de omisiones en la construcción y un terremoto.

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Ubicada en la calle Tamboreo, en la alcaldía Tlalpan, se encuentra una de las escuelas más afectadas durante el sismo del 19 de septiembre en 2017, el Colegio Enrique Rébsamen, donde fallecieron 26 personas, entre ellas, 10 niñas, 9 niños y 7 adultos; los familiares de las víctimas, hasta el día de hoy, siguen esperando que todos los culpables de esta tragedia sean condenados.

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A cinco años de aquella tragedia, en el lugar, todavía se puede ver el desgajamiento de las paredes, agujeros que te trasladan al momento de los hechos, un pizarrón con letras de una clase que nunca concluyó, maleza creciendo entre paredes y suelo, un vehículo que refleja el impacto del terremoto, estos son algunos de los restos todavía presentes en el terreno del colegio.

La demolición del lugar se suspendió, debido al temor de familiares de las víctimas por la pérdida de posible evidencia que esto pudiese generar, en julio de 2018 se llevó a cabo una demolición parcial; desde el inicio de la tragedia hubo negación de la directora del colegio, Mónica García Villegas, quien hoy cumple una sentencia de 36 años, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

El Colegio Rébsamen fue construído en 1983, en ese entonces, la ley le permitió construir departamentos y oficinas; en 1997, la legislación cambió, pero eso no impidió la operación del colegio, ya que el permiso del uso de suelo mixto (habitacional y comercial) se le había otorgado antes de la reforma; en 2010, sin permisos, comenzaron la ampliación de otros 2 niveles, misma que la alcaldía Tlalpan había ordenado suspender y demoler, ante la negativa, en 2011, se ordenó la suspensión temporal de los trabajos de construcción.

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Sin embargo, ante toda negativa y advertencia de la autoridad, la ampliación en el colegio se llevó a cabo; en 2017, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) le notificó al colegio que su situación con respecto al uso de suelo era irregular, en respuesta, se presentó ante el Invea un certificado apócrifo de derechos adquiridos.

Cabe destacar que la supuesta remodelación, en realidad fue una construcción adicional, a la cual no se le aplicó un procedimiento de reforzamiento a la estructura, por lo que al momento del terremoto, ya con la adición del sobrepeso de aproximadamente 230 toneladas, la estructura no soportó el peso y se derrumbó.

En 2014, el colegio presentó una constancia de seguridad estructural, misma que avala las condiciones del inmueble, firmada por el ingeniero civil Francisco Arturo Pérez Rodríguez, co-rresponsable en seguridad estructural, quien a la fecha, sigue prófugo; ese mismo año, el arquitecto y Director Responsable de Obra, Juan Mario Velarde Gámez, certificó el sometimiento del inmueble a pruebas de carga, quien también fue sentenciado a 208 años de prisión.

El terremoto dejó al descubierto que el problema de este colegio no sólo fue por la falta de responsabilidad y compromiso de la directora, sino de la omisión de las autoridades, mismas que permitieron la construcción inadecuada y la puesta en funcionamiento de esta escuela, de quienes los familiares de las víctimas siguen esperando sean castigados y no queden impunes.