Caso Ayotzinapa: hoy hace 7 años de la Desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, la investigación continúa, pero la justicia no termina de llegar.
Por Mario D. Kuma
Lunes 27 de septiembre de 2021, Ciudad de México
«Lo más importante que aprendí en la normal de Ayotzinapa, no dudo al decirlo, fue a luchar, […] aprendí que cada segundo de la vida se lucha. Hay que luchar porque nadie tiene segura su vida, se lucha por vivir, se lucha también por el amor, por la familia, se lucha también en el ámbito social y en al ámbito político por los derechos«.
– Ayotzinapa. La otra historia
Es el séptimo aniversario de la desaparición forzada en Iguala, Guerrero de los 43 estudiantes normalistas de la “Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, actualmente ha habido distintas versiones “verdades históricas”, una comisión de la verdad y algunos avances en materia legal, pero aún se desconoce el paradero de los jóvenes manifestantes y el cómo sucedió su desaparición.
Es el 26 de septiembre de 2014, cerca de un centenar de estudiantes normalistas viaja hacia la ciudad de Iguala a reunirse, organizarse y obtener fondos para asistir a la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México, querían conmemorar la matanza estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Durante el trascurso de esa noche, la policía municipal arremete contra los estudiantes (en ese momento sin motivo aparente, más tarde se descubriría que, viajaban en camiones con carga de drogas con un valor sobre los 20 millones de pesos). Nadie, ni autoridades o civiles auxiliaron a los jóvenes, de los cuales, resultan muertas 6 personas y 25 heridas, así como las 43 desapariciones normalistas.
Llegó el 27 de septiembre y los padres de los estudiantes, los reportaron como desaparecidos. La policía da cuenta y culpa al cartel “Guerreros Unidos” de los hechos violentos, horas más tarde, aparece el cuerpo sin vida de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de 22 años, 22 policías son implicados y arrestados por ser parte de los hechos.
En las primeras versiones, los policías detenidos, actuaron por orden del otrora alcalde de Iguala, José Luis Abarca, presuntamente, para salvaguardar un evento del El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), presidido por su esposa, María de los Ángeles Pineda. Días después el ex alcalde pidió licencia y el 1 de octubre se dio a la fuga. Una semana después, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, toma el mando de la investigación.
6 de octubre de 2014, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto señaló que “La sociedad mexicana y las familias de los jóvenes estudiantes que, lamentablemente, se encuentran desaparecidos demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia”. De manera inmediata y con descontento acumulado, miles de manifestantes se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la resolución del caso y el regreso de los estudiantes. Se entonaba a todo pulmón y con el dolor encarnado el lema “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Habían pasado 7 días, el 15 de octubre se notificó que, habían sido halladas 10 fosas clandestinas en las inmediaciones de donde sucedió el ataque, se hallaron restos humanos, pero no pertenecientes a los estudiantes desaparecidos; el 17 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) capturó a Sidronio Casarrubias, líder del cártel “Guerreros Unidos” y de forma simultánea se comunicó el arresto de otros 14 policías presuntamente implicados.
29 de octubre, para entonces, Murillo Karam, ya había declarado prófugo al alcalde de Iguala y el gobernador de Guerrero, presentado su renuncia. Enrique Peña Nieto, se reunió con los familiares de las víctimas y prometió intensificar la búsqueda. El 4 de noviembre; el alcalde de Iguala y su esposa son detenidos en la Ciudad de México, él es enviado a una prisión de máxima seguridad.
El 7 de noviembre la PGR declaró a los 43 desaparecidos como muertos e incinerados en el basurero de Cocula por miembros del cártel. Los padres mandaron partes de los restos encontrados en el basurero a un laboratorio en Innsbruck, Austria. Un mes después, el laboratorio identificó el ADN de uno de los estudiantes. El 27 de enero del 2015, es presentada por Jesús Murillo Karam, la versión de los hechos y nombrada por el gobierno como “la verdad histórica”. En esta versión, los estudiantes habían sido secuestrados, asesinados e incinerados por integrantes del cártel «Guerreros Unidos». El 27 de febrero, en medio múltiples contradicciones y cuestionamientos, Murillo renuncia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso. El 1 de marzo llegó a México. El 15 de abril, GIEI informa a la PGR de un quinto autobús. Hasta ese momento, no se le había tenido en cuenta en la investigación. Entonces el 6 de septiembre, la investigación toma un giro cuando el GIEI denuncia irregularidades en las investigaciones llevadas por la PGR y las autoridades del estado de Guerrero. También cuestionó “La verdad histórica” y señaló el traslado de drogas en uno de los vehículos como posible móvil del crimen.
26 de noviembre, Peña Nieto había creado una fiscalía encargada de la busqueda de personas desaparecidas; los padres de los 43 iniciaron un plantón y huelga de hambre afuera de Los Pinos «el lugar residencial del Presidente». El Equipo Argentino de Antropología Forense anuncia el 9 de febrero del 2016 que no se encontraron evidencias científicas, ni biológicas que indiquen que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, como «La verdad histórica” mencionaba. Y el 28 de febrero, la fiscalía abre un nuevo peritaje en el basurero.
Para desmentir «La verdad histórica” y demostrar las incongruencias de las versiones oficiales, se hizo un experimento con cadáveres de cerdos el 13 de septiembre del 2016, mostrando así, que no se podía haber incinerado a los estudiantes en el basurero de Cocula, pues era necesario un alto nivel de material combustible (madera y/o neumáticos) mismos que al arder, tendrían que hacerlo por demasiadas horas, aunado al clima lluvioso de esos días, los resultados descalifican e invalidan la teoría de la “verdad histórica”. Al día siguiente, Zerón (Director de la Agencia de Investigación Criminal) renuncia tras ser acusado en varias ocasiones por las familias, de sembrar evidencia (tiempo después saldrían a la luz videos con confesiones obtenidas mediante tortura, en donde se habían inculpado personas y sembrado pruebas).
Es 2018, han pasado dos años, reportajes, postergaciones, falsas promesas y múltiples manifestaciones exigiendo justicia. El final del sexenio de Enrique Peña Nieto se acerca y el ahora Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con las familias de los desaparecidos en el incidente de Ayotzinapa, se comprometió a investigar a fondo, una vez tome posesión del poder.
El 3 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión para la Verdad con el fin de apoyar a las familias de las víctimas, en el esclarecimiento del caso y la captura de los verdaderos culpables.
El 30 de junio del 2020, el Fiscal General Alejandro Gertz afirmó: “Se acabó la verdad histórica”; se giró una orden de aprehensión para Tomás Zerón, que era buscado por las irregularidades, contradicciones, manipulaciones y atropellos cometidos en la investigación del caso. También emitió 46 órdenes de aprehensión a funcionarios de Guerrero por su presunta participación y relación en la desaparición de los 43 estudiantes.
El 7 de julio de 2020, se dio a conocer que habían sido identificados restos óseos de uno más de los estudiantes. Para el 11 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares de las víctimas para informarles sobre los avances en el caso.
El 1 de diciembre, se dicta auto de formal prisión a José Ángel Casarrubias Salgado, líder del cartel y principal implicado.
Así llegamos al 21 de septiembre de 2021, el fiscal a cargo del caso, Omar Gómez Trejo, informó que, en una de las líneas de investigación, se apunta a que los cuerpos fueron incinerados en distintas locaciones. El pasado viernes 24 de septiembre, los familiares de los desaparecidos, increparon al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el poco avance de la ahora Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR). Esto ante la nula emisión de nuevas órdenes de aprehensión y la no ejecución de 40 órdenes previas, entre las que destacan las de extradición de Zerón, quien está detenido en Israel y es acusado de encubrir y manipular evidencias incriminatorias en el caso Ayotzinapa.
Así mismo, los familiares protestaron a la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) de no haber seguido con las indagaciones con respecto a pruebas que fueron presentadas sobre que, el ejército monitoreó y siguió a los estudiantes desaparecidos por medio del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y que un testigo afirmó que por lo menos 25 estudiantes ingresaron en aquella ocasión al batallón de infantería, escoltados por elementos en activo; así como que los celulares de los jóvenes, emitieron señal desde las instalaciones del ejército en Iguala y que, de forma muy sospechosa, en esas mismas instalaciones, se cuenta con horno crematorio, un hecho que aún queda en el aire y nadie ha ordenado investigar.
Si bien es cierto, que ha habido avances, se ven opacados porque vienen a cuentagotas, es necesario trabajar a marchas forzadas, si de verdad existe una transformación en lo social, político y ético ideológico en este sexenio presidencial, es momento de mostrarlo.
A la fecha la verdad al descubierto del caso Ayotzinapa, es que, 43 estudiantes, aspirantes a docentes rurales, se vieron involucrados en un tema de corrupción del Narco Estado que imperaba en aquel momento, les tocó tomar «secuestrados» (con previo aviso y autorización de las líneas de autobuses) a camiones que servían de transporte de heroína por más de 2 millones de dólares, hecho que explica el porqué se tenía como prioridad el salvaguardar dichos camiones y no así la vida de jóvenes de los cuales, muy curiosamente «no se sabía nada»; de este modo, el ejército y la policía municipal de Iguala eran cómplices o menos que eso, eran simples empleados y sirvientes del cartel “Guerreros unidos”. Hasta el día de hoy hay 142 personas detenidas, entre policías, funcionarios y presuntos miembros del cartel, ninguno que pueda conducir a la verdad y la implicación de altos mandos así como de otros integrantes del ejército.
La corrupción del estado, atentó contra la vida de 43 estudiantes, autoridades apuntaron sus armas contra quienes juraron proteger, es más que un error, más que un acto corrupto, es un agravio que 43 jóvenes vidas se extinguieran de esa manera. Este insulto se siente cada año, al recordar cada triste acontecimiento, en el que los gobiernos mexicanos, le apuestan a la corrupción, la represión, el olvido y no al hacer justicia. Tristemente, vivimos con un ejército y policías sin criterio, mal pagados y sin capacitación o equipo suficiente; lo cual, por supuesto no justifica la traición a la patria de proteger al delincuente y asesinar y desaparecer a su propio pueblo. Al día de hoy, la única verdad histórica que todos conocemos, del caso Ayotzinapa, se trata de un crimen de estado, y hasta que se capturen a todos los culpables, seguimos y seguiremos clamando: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
DOBLE VOZ 
Un comentario en “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Ayotzi vive!”